Alberto Armando Romero Rodríguez ya ha sido condenado por otro caso de Enriquecimiento Ilícito, por la Cámara de lo Civil, de Cojutepeque.
Foto: Periódico Equilibrium.
San Salvador. La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa abrió a pruebas el caso del diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, para definir el futuro del político, miembro de Arena.
Este lunes, tanto la parte defensora como la acusadora presentaron sus posiciones en el sentido de desestimar el proceso y mantenerlo, respectivamente, según el interés de cada una.
La Comisión Especial se mantiene en sesión permanente y el próximo miércoles continuarán sesionado, en vista que este martes 29 de agosto se desarrollará la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa.
El abogado defensor, Ernesto Alfredo Parada dijo que ofertará como prueba la sentencia definitiva de la Cámara de Cojutepeque que no está firmada aún, pues los magistrados tienen hasta el 2 de septiembre para firmarla.
También ofreció los audios de la audiencia preparatoria que se celebró en el primer caso en el que se condenó a Romero Rodríguez, por Enriquecimiento Ilícito por casi medio millón de dólares.
Asimismo ofreció el detalle de los salarios más viáticos de los viajes, que fueron devengados desde 2009.
En tanto la parte fiscal ofreció como pruebas la declaración testimonial de la pericia financiera presentada en el caso depurado en la Cámara de Cojutepeque; Testimonio de María de Jesús Guardado, exasesora de la Asamblea Legislativa quien depositó $52,462 en la cuenta de la esposa del diputado, Ana Lourdes Olmedo de Romero.
Testimonio del exempleado Ricardo Alberto Gutiérrez Romero (colaborador administrativo) para clarificar porqué realizaban depósitos en la referida cuenta; testimonio de David Fernando Vaquerano, quien laboraba como ordenanza, quien también depositó dinero en la cuenta de la Sra. Olmedo de Romero.
Testimonio de Ana María Gertrudis Ortiz Lemus, empleada de la Fracción de Arena, a quien se señala también como depositante en la cuenta de la esposa de Romero.
Las pruebas ofertadas por los fiscales del caso, incluyen el testimonio de Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, hija del diputado Romero, así como el de la esposa de este para que expliquen porqué recibían depósitos de los empleados de la fracción de Arena.
A los testimonios se agrega como oferta probatoria, la copia de la documentación legal de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán; con esto se pretende demostrar quiénes son los fundadores y quiénes son ahora parte de la junta directiva y su representante legal, pues se sospecha que la fundación se podría haber utilizado con fines de encubrimiento u ocultamiento.
A esta documentación se pide agregar la copia de la documentación tributaria de la fundación respecto al Ministerio de Hacienda.