El partido pretende que el 80 por ciento de los fondos se destine a la PNC, Fiscalía General y Fuerza Armada, por ser instituciones de mayor trabajo por la seguridad.
Foto: GANA/Periódico Equilibrium.
El Grupo Parlamentario de GANA busca que se hagan reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad, a fin de que el 80% de esos fondos se destinen «exclusivamente para la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Fuerza Armada”.
El 20% restante sería otorgado en un 10% para la prevención de la violencia y el otro 10% para los planes de rehabilitación.
Debido a las condiciones de inseguridad, esos recursos deben ir directamente al combate de la criminalidad ha dicho el partido en su propuesta.
Actualmente, un buen porcentaje de los fondos del impuesto que se paga por el uso de telefonía se distribuye entre instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), Educación, Salud y Obras Públicas, pero a juicio de representantes del partido, nada tiene que, por ejemplo, ver el Ministerio de Obras Públicas con el combate de la delincuencia.
La propuesta de enmienda al Artículo 2 de la Ley ha sido redactada en los siguientes términos:
«Los recursos provenientes de la presente contribución especial serán utilizados única y exclusivamente para el financiamiento y ejecución de los planes de prevención, combate a la violencia y rehabilitación, que realiza la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada”.
El texto continúa señalando que esos fondos “se concretarán entre otros beneficios en la reducción de la incidencia delictiva, recuperación del control del territorio, persecución y judicialización del delito, reducción de la mora en las investigaciones de delitos, el fortalecimiento del control y la mejora de las condiciones en los centros penitenciarios”.
Además se buscará “el desarrollo de los programas de reinserción y prevención del delito, el reforzamiento de las capacidades para la protección, atención y reparación de las víctimas y el perfeccionamiento del sistema de administración de justicia”.
Finaliza señalando que “los recursos antes mencionados se distribuirán así: el ochenta por ciento destinado al combate a la delincuencia , el diez por ciento asignado a la prevención de la violencia y el diez por ciento para los planes de rehabilitación, que ejecutarán las instituciones antes mencionadas».
