Se desempeñaba como Secretaria de Justicia interina, desde la salida de Baraok Obama de la Presidencia de Estados Unidos.
Foto: FB/Periódico Equilibrium.
Sally Yates, quien dijo que mientras permaneciera en el cargo de Procuradora General o Secretaria de Justicia Interina de Estados Unidos no defenderá la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, ha sido separada del cargo por órdenes presidenciales, anunció la Casa Blanca este lunes.
El gobernante estadounidense ha ordenado suspender por 60 días el ingreso de refugiados, a ese país nortemaricano, lo que ha generado importantes protestas por considerar que se trata de una medida racista, porque veta la entrada de refugiados y migrantes de mayoría musulmana.
Para Yates, la orden de Trump no sería legal según una carta enviada al periódico The New York Times y divulgada este lunes.
La Voz de América ha reproducido en español la carta de la ahora exsecretaria:
“El 27 de enero, 2017, el presidente firmó una Orden Ejecutiva relacionada con inmigrantes y refugiados de ciertos países de mayoría musulmana. La orden ahora ha sido desafiada en varias jurisdicciones. Como Procuradora General Interina, es mi responsabilidad mayor determinar la posición del Departamento de Justicia en esas acciones.
Mi papel es diferente al de la Oficina de Asesoría Legal (OLC), la cual, en gobiernos de ambos partidos, ha revisado la forma y legalidad de las Órdenes Ejecutivas antes de que sean emitidas. La revisión de la OLC es legal en su anverso y adecuadamente formulada. Su revisión no toma en cuenta declaraciones hechas por una administración o sus sustitutos antes de emitir una Orden Ejecutiva que pueda afectar el propósito de la orden. Y es importante (destacar que) no explica si cualquier política elegida utilizada en una Orden Ejecutiva es acertada o justa.
De igual manera, en un proceso judicial, los abogados de la División Civil de DOJ (Departamento de Justicia) están encargados de preparar razonables argumentos legales que puedan hacerse para respaldar una Orden Ejecutiva. Pero mi papel como líder de esta institución es diferente y más amplio. Mi responsabilidad es asegurar que la posición del Departamento de Justicia sea no solo legalmente defendible, sino informada por nuestra mejor opinión de lo que dice la ley después de considerar todos los hechos. Adicionalmente, soy responsable de asegurar que las posiciones que tomemos en la corte sigan siendo consistentes con la solemne obligación de esta institución de siempre buscar justicia y defender lo que es correcto. En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la Orden Ejecutiva sea consistente con esas responsabilidades ni estoy convencida de que la Orden Ejecutiva es legal.
Consecuentemente, mientras yo sea Procuradora General Interina, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en favor de la Orden Ejecutiva, a menos y hasta que yo me convenza de que es lo apropiado de hacer”.
