La tregua entre pandillas nunca habría existido, a juzgar por las investigaciones realizada por la nueva administración de la FGR. En la gráfica Raúl Mijango (izquierda) capturado.
Foto: FGR/Periódico Equilibrium.
La Administración de Luis Martínez abrió una investigación de la tregua sin darle la seriedad que esta merecía, porque, a juicio del actual Fiscal General, Douglas Meléndez, la misma se llevó de forma “gris y opaca”.
Tanto así que el desvío de $2 millones que debían haber sido utilizados para pagar a proveedores de servicios al sistema carcelario, y que al final debió ser asumido por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, cuando fue tomado el cargo de Ministro por parte de Ricardo Perdomo, nunca generó interés en la pasada administración fiscal.
En “la tregua” existieron reuniones en donde se dio algún nivel de planificación para discutir la incidencia en los centros penales; Raúl Mijango, Roberto Carrillo y Luis Alonso Aguilar habrían participado junto a líderes de pandillas en tales reuniones, pero la pregunta es ¿quién las ordenaba?.
Eso es lo que falta, admite Meléndez, al señalar que las personas mencionadas como Mijango y Nelson Rauda, exdirector General de Centros Penales, destituido de su cargo, son parte de la estructura que se tiene, si hay más cabezas en la misma, las personas sospechosas tendrán que decirlo, afirma el Fiscal General.
De lo que sí está clara la FGR es que durante la investigación, funcionarios y empleados públicos se valieron de su cargos para cometer delitos como falsedad de documentos, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, corrupción, agrupaciones ilícita y tráfico de objetos prohibidos en centros penales.
“Se generó corrupción al romper la legalidad que rige al sistema penitenciario. Se facilitó la expansión de las pandillas en los territorios, se dio un aparente decremento de homicidios, pero se incrementó la desaparición forzosa de personas y se generaron los cementerios clandestinos”, sentenció el Fiscal General.
Pero la actuación de las personas mencionadas no solo promovieron y presuntamente cometieron actos ilegales sino que generaron la facilitación de la prostitución en centros penales, permitieron la introducción de objetos prohibidos, computadoras, teléfonos, servicio de TV por cable digital, se usaron recursos del Estado en el promoción de la tregua y más.
Meléndez también envió un mensaje: “Aquellos que en este momento se encuentran en un nivel de consideraciones de temas de tregua, que anden de nuevo en coqueteo con las pandillas, deberían abstenerse”, advirtió Meléndez al referirse al audio hecho público en que se vincula a cuadros del partido ARENA.
En relación al destino de los fondos a investigar, el Fiscal General dijo que el Inspector General de Centros Penales recibió dinero de las tiendas institucionales de los centros penales, para movilizar el aparataje de la tregua.
“Se dio malversación de fondos de actividades especiales generadas por las tiendas de los centros penales, por 2 millones de dólares”, reiteró.
Por eso mismo, se iniciará una investigación paralela a la de la tregua, sobre esos dos millones de dólares, para determinar si los mismos se repartieron entre cabecilla y funcionarios del Estado o no. “Será una investigación paralela porque esas tiendas manejan un fondo especial para compras y otro para el fondo de centros penales, pero esos dos millones no se pagaron a los proveedores, sino que el Estado tuvo que responder para pagarle a los proveedores”, dijo.
Hay personas que con actos concretos participaron en esta tregua y la investigación queda abierta para determinar si hay otros niveles involucradas, dijo el funcionario, al responder a una pregunta sobre si se extendería la indagación fiscal hacia el expresidente Mauricio Funes o el Ministro de Defensa, David Munguía Payés.
En tanto, el jefe fiscal Allan Hernández manifestó que se giraron órdenes de captura contra el exdirector General de Centros Penales, Nelson Rauda y que otro sospechoso es el extranjero Paolo Lüers, quien también actuó como mediador de la tregua; no se mencionó, sin embargo, al Obispo Castrense, Fabio Colindres.
Los delitos a investigar serán los de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos ilícitos en centros penales y actos arbitrarios.
Hernández agregó que se procesa a parte del equipo técnico de Centros Penales y a dos directores en el caso de Ciudad Barrios e Izalco y a los directores de los penales de Quezaltepeque, Izalco y Cojutepeque.
Al personal técnico del Equipo criminológico se les atribuye falsedad ideológica. “Estudios que deberían durar varios días se hacían en pocas horas para favorecer a los pandilleros presos”, dijo el jefe fiscal.
Dos de los policías detenidos participaron con vehículos oficiales facilitando a miembros de pandillas el traslado para dar continuidad a la Tregua, uno de dichos oficiales estaba asignado en el Centro de Inteligencia Policial, lo que le facilitaba manejar la tregua y otro fungía como jefe de Área conjunta del Ejército y la PNC.
La jefe fiscal Guadalupe Chavarría también se refirió a que en los libros de Novedades se hace constar el ingreso de personas, vehículos y objetos al interior de los centros penales, resoluciones del Consejo Criminológico de traslado de cabecillas del penal de Zacatecoluca a penales comunes, se tienen cheques por 2 millones de dólares, donde se establece que el Inspector General de Centros Penales, entregaba al entonces Director General de Centros Penales, Nelson Rauda, el dinero; alguna cantidad se dio para el pago de cable y el mejoramiento de la señal digital “porque no era tan factible”.
Ingresaron juegos de vídeo (Playstation), calentadores de agua, en vehículos propiedad de la PNC se movilizaba Raúl Mijango y Roberto Castillo quienes ingresaban en los penales sin que se cumpliera con registros o requisa como lo establece la ley.
En el interior de centros penales se negociaban los beneficios de la tregua. Hubo fiestas con bailarinas y discomóviles, según lo establecen los vídeos en celulares requisados en centros penales.
En cada centro penal en Quezaltepeque, Mariona, Izalco y Chalatenango tienen registrados ingresos de “disc jockey”; el 17 de junio de 2012 entraron 1605 cajas de pollo campero, en el Penal de Mariona.
La petición de comida rápida se hacía a cualquier hora del día; la visita íntima no era controlada como lo establece el reglamento.
Se ha establecido el ingreso de la Orquesta Sonora Dinamita el 30 de diciembre de ese año en el Centro Penal de Ciudad Barrios, agrupación musical que estuvo cuatro o cinco días dentro del reclusorio, en un evento que fue calificado como “fiesta de fin de año”.
En esa oportunidad las bailarinas, o algunas de ellas, que entraron con la discomóvil sufrieron abusos sexuales y las convirtieron así en víctimas.
En los libros de novedades también se establece que Roberto Díaz, Antonio Granados y Carlos Marinero Aquino, entregaron nueve televisores plasma con antenas, el 8 de junio de 2012.
Finalmente, la FGR cree que el intercambio de disparos entre pandilleros y personal de la PNC y Fuerza Armada, se da en virtud del fortalecimiento de las pandillas durante la tregua , momento que aprovecharon para hacerse de armas de grueso calibre, lo que es evidente con los ataques a los puestos policiales.
