La empresa fue condenada por el Juzgado 1º de lo Civil y de lo Mercantil y tras acudir a las instancias superiores como la Cámara Pertinente y la CSJ, se confirmó la condena.
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Las autoridades de la Defensoría del Consumidor ha pedido al Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador la ejecución forzosa de la sentencia emitida por ese tribunal en la que ordenó a la empresa Salazar Romero la devolución del dinero a una consumidora, por incumplimiento de contrato de promesa de venta de un inmueble habitacional.
De acuerdo con la investigación de la DC, la empresa incumplió el plazo de entrega de seis meses establecido en el contrato y además no devolvió los $ 3,240.00 entregados por la consumidora en concepto de prima y reserva de una vivienda sobre planos de construcción, en el proyecto urbanístico Versailles, residencial París, en San Juan Opico.
El referido tribunal ya había condenado a a Salazar Romero, S.A. de C.V. a devolver la cantidad entregada por la consumidora en concepto de prima, pero la resolución judicial no se ha cumplido.
Pese a la defensa ejercida por la empresa mediante todos los recursos que le habilita la ley, la Cámara Primero de lo Civil y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia desestimaron los recursos de apelación y casación interpuestos por dicha empresa, confirmando la condena al pago a favor de la consumidora.
La Defensoría del Consumidor solicitó desde el 23 de diciembre de 2015, al juez de la causa, el embargo de bienes del proveedor para hacer efectivo el pago de $ 4,320.00 a favor de la afectada, monto que corresponde a la reserva del inmueble más una tercera parte de lo reclamado ($ 1,080.00), con base al art. 570 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Esta representación judicial se produce en el marco del ejercicio de las facultades que la reforma a la Ley de Protección al Consumidor concedió en 2013 a la Defensoría (art. 150-A inciso segundo), entidad que junto a las asociaciones de consumidores, están legitimadas procesalmente para desarrollar las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses colectivos o difusos de los consumidores.
