Lecciones de la CICIG en Guatemala: ¿podrían otros países centroamericanos beneficiarse de una entidad similar?
Foto: Periódico Equilibrium.
Luego que su mandato fuera renovado en abril, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló una serie de importantes escándalos de corrupción en el gobierno de Guatemala, tal como Adriana Beltrán, Asociada Principal de WOLA, escribió en la publicación World Politics Review.
El primer caso, bautizado como “La Línea”, descubrió fraudes masivos en la agencia nacional de recaudación tributaria y de aduanas, lo cual provocó la renuncia de la Vicepresidente de Guatemala y de otros altos funcionarios del gobierno.
Cinco semanas más tarde, la CICIG reveló otro escándalo en el Instituto de Seguridad Social del país, lo cual llevó a la detención del presidente de dicha agencia y del titular del Banco Central de Guatemala.
WOLA ha documentado en un nuevo informe en inglés el fenomenal éxito de la CICIG durante los últimos ocho años. El informe detalla cómo la CICIG ha brindado instrumentos básicos de investigación para combatir el crimen organizado y la corrupción en Guatemala, y se enfoca en la CICIG como un modelo a explorar por otros países que lidian con el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.
“La prórroga del mandato representa una importante oportunidad para fortalecer el Estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Adriana Beltrán, coordinadora del programa en WOLA sobre seguridad ciudadana, en abril pasado, cuando el mandato de la CICIG fue prorrogado.
Y vaya si no fue importante, al grado que La Línea en la que se vincula a la expresidenta de ese país Roxana Baldetti y al Presidente Otto Pérez Molina, por parte de la citada comisión ha provocado masivas manifestaciones exigiendo la renuncia de este último.
En Honduras y El Salvador hay resistencia a que se cree una comisión similar en dichos países, a pesar de las expresiones de violencia y corrupción que se evidencias en ambos.
En El Salvador, tanto voces de la izquierda como de derecha se han pronunciado contra una comisión, pero la sociedad civil cree que es necesaria y urgente para frenar la impunidad.
