La decisión del juez del caso pone en riesgo diversos derechos como el de la libertad de acceso a la información pública y el de acceso a la justicia, de acuerdo con la interpretación de las personas que firman el escrito presentado el pasado miércoles 27 de mayo.
Al menos seis personas pidieron al Juez Primero de Instrucción de San Salvador, Levis Italmir Orellana, que levante la reserva total del proceso instruido contra el expresidente de la República, Francisco Flores, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares.
Los peticionarios se amparan en los artículos 6, 18 y 236 de la constitución de la República y en los artículos 13 y 307 del Código Procesal Penal para realizar su exigencia de revocar la medida adoptada por el juez.
Silvia guillén, Ramón Villalta, Juan Carlos Sánchez, Bertha Deleón, Eduardo Escobar y Óscar Campos, son quienes exponen en su escrito presentado el miércoles y recuerdan que previamente había denunciado penalmente las acciones del exgobernante.
Recordaron, además, que las referidas acciones son sospechosas porque las autoridades pertinentes que emitieron un Reporte de Operaciones Sospechosas o ROS, en Estados Unidos, observaron contradicciones en la donación de fondos de parte del gobierno de Taiwán a favor de Flores.
Orellana ordenó la reserva total, argumentando motivos de “orden público” y ponderando la garantía de independencia e imparcialidad de los jueces y la presunción de inocencia del expresidente.
Sin embargo, los demandantes exponen que con ello se vulnera el derecho al libre acceso a la información pública a la ciudadanía. También se vulnera el acceso a la justicia, pues las intenciones de los demandantes son las de mostrarse como parte querellante, lo que implica un acceso al expediente penal.
