La actual administración fiscal, identificó un plan atribuido al entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, que contemplaba mecanismos legales orientados a permitir que el expresidente Saca recuperara su libertad antes de cumplir íntegramente la condena de una década de cárcel, incluso en un plazo inferior a la mitad de la pena impuesta.
Foto de archivo: FGR.
San Salvador. El expresidente de la República, Elías Antonio Saca González, recuperará su libertad debido a que este 30 de octubre se cumplen los diez años a los que fue condenado el 13 de septiembre de 2018.
El proceso judicial por el caso del saqueo de $301 millones del erario público, duró dos años desde su captura. Por ello se suman dos años y así se cumplen los diez de sentencia.
Esa pena mínima en comparación con el monto apropiado ilegalmente, se debió a que Saca admitió el delito que le acusaron y en tal sentido se hizo lo que en derecho se conoce como “juicio abreviado”.
Respecto a la inminente salida de Saca, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que afirma que el proceso judicial que culminó con la condena del expresidente Elías Antonio Saca fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, bajo cuya administración también se acordó la pena impuesta.
La FGR también se refirió a que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables.
Además, señaló que, en el marco de las revisiones internas efectuadas por la actual administración de la Fiscalía, se identificó un plan atribuido al entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, que contemplaba mecanismos legales orientados a permitir que el expresidente Saca recuperara su libertad antes de cumplir íntegramente la condena de una década de cárcel, incluso en un plazo inferior a la mitad de la pena impuesta.
Dicho plan fue desarticulado por la actual administración de la Fiscalía General de la República, que adoptó las medidas correspondientes para evitar que se concretara.
