Un fiscal de la Unidad de Corrupción de la FGR explicó que no menos de 20 testigos han confirmado que el expresidente Alfredo Cristiani estuvo en la reunión donde se coordinó el crimen y se autorizó la ejecución.
Fotos: FGR.
San Salvador. La Fiscalía General de la República presentó el lunes 5 de junio un dictamen de acusación penal contra el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y al abogado y exdiputado, Rodolfo Parker.
El caso está relacionado con el asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos mujeres colaboradoras de la congregación el 16 de noviembre de 1989, de lo cual la FGR responsabiliza a los acusados.
Los delitos que se atribuyen a estas personas, son Homicidio, Actos de Terrorismo, Conspiración para Cometer Actos de Terrorismo, Fraude Procesal, Encubrimiento Personal.
Un fiscal de la Unidad de Corrupción de la FGR explicó que no menos de 20 testigos han confirmado que el expresidente Alfredo Cristiani estuvo en la reunión donde se coordinó el crimen y se autorizó la ejecución.
El fiscal dijo que uno de los testigos que confirmó la participación de Cristiani en el caso, fue el fallecido coronel René Emilio Ponce; en total son ocho las personas que son incluidas en el dictamen de acusación.

El día del crimen, el sacerdote Ignacio Ellacuría se mantuvo en contacto telefónico con Cristiani durante el allanamiento de la Universidad Centroamericana (UCA) y el expresidente le pidió al religioso que permanezca tranquilo y en el lugar.
Por el caso jesuitas solamente hay una condena y no por parte de la justicia salvadoreña, sino por la justicia española, país donde se desarrolló un juicio contra el coronel Inocente Orlando Montano, como responsable de la fatídica operación.
Montano, quien fue viceministro de Seguridad Pública durante el período presidencial de Alfredo Cristiani (1989-19949) fue declarado culpable y sentenciado, en septiembre de 2020, a 133 años de cárcel, por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno Pardo.
También se le atribuye la muerte de las domésticas Elba Ramos y de su hija de 16 años, Celina Mariceth Ramos; sin embargo, la condena de la Audiencia Nacional de España, no incluye las muertes de López y López y las dos mujeres.
A Parker se le atribuye la manipulación de las investigaciones al respecto, para proteger a Cristiani; al menos dos testigos dicen que Parker rompió documentos con declaraciones. Los testigos también revelaron que Parker ofreció dinero a los autores materiales para que se hicieran cargo del crimen, con el solo propósito de proteger a los autores intelectuales.
