La acusada, su partido y cuatro presidentes latinoamericanos, entre ellos el de México, Andrés Manuel López Obrador y el de Bolivia, Luis Arce, consideran que esta es una persecución política o que se trata de un juicio mediático.
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Buenos Aires, Argentina. Mientras el tribunal que depura la causa contra la expresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, negaba la solicitud de ella de alegar en el juicio por corrupción en su contra, la Fiscalía General ha pedido 12 años de prisión contra la exfuncionaria.
Además, se ha solicitado como condena la inhabilitación perpetua de Cristina, para ocupar cargos públicos. La misma pena se solicita para el resto de acusados.
La Fiscalía General del Estado también ha pedido que Lázaro Báez (empresario beneficiado, propietario de Austral), Julio de Vido (exministro) y José López, paguen ese delito con diez años de cárcel. Estos están acusados de Asociaciones Ilícitas.
Otros funcionarios acusados por la Fiscalía General del delito de Fraude, pagarían con prisión de seis años, según el pedido de la parte acusadora. Mientras que Carlos Kirchner, quien se encuentra en este grupo, es acusado de Violación de Deberes de Funcionario.
Todas las personas mencionadas serían parte de una organización de corrupción que sirvió, según las investigaciones, para cometer un fraude de más de 5,300 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 900 millones de dólares, durante la administración de Fernández de Kirchner, entre 2007 y 2015.
Todo ese dinero público se utilizó en al menos 51 obras que se le adjudicaron a la empresa de Lázaro Báez, según sostiene la acusación fiscal.
Pero a la aún funcionaria, en su calidad de Vicepresidente del país, se le atribuyen alrededor de 12 casos por los cuales es procesada, entre estos Indicios de Cohecho Pasivo, uso irregular de aviones presidenciales, subsidios irregulares al transporte público y cobro de comisiones a empresarios en licitaciones de obras públicas. La acusada, su partido y cuatro presidentes latinoamericanos, entre ellos el de México, Andrés Manuel López Obrador y el de Bolivia, Luis Arce, consideran que esta es una persecución política o que se trata de un juicio mediático.
