Los fondos se erogaron a esta fundación, cuando Lorena Peña, como miembro del FMLN, presidió la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, era Jefe de Fracción parlamentaria de izquierda y, además, era miembro de Fundaspad.
Foto: Periódico Equilibrium.
San Salvador. El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia durante la Administración de Salvador Sánchez Cerén, Eugenio Chicas, confirmó que la Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social (Fundaspad) estaba formada en su mayoría por miembros del Fmln.
Los fundadores de esta ONG favorecida con fondos del erario público, son en total 22, todos miembros del partido de izquierda y fue fundada apenas un año después de los Acuerdos de Paz que dieron vida al Fmln como partido Político.
Pero el conflicto de interés que advierte la Comisión Especial que investiga el destino final de los fondos entregados a cerca de 300 ONGs, se inicia en 2012, cuando la Comisión de Hacienda era presidida por Lorena Peña, como Diputada del Fmln, otorgaba los fondos, previo acuerdo con Arena.
Peña es miembro del FMLN, presidió la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, era Jefe de Fracción parlamentaria de izquierda y, además, era miembro de Fundaspad.
Los fundadores de esta entidad no gubernamental fueron: Jorge Schafik Handal, Roger Alberto Blandino Nerio (fallecido), Mirna Antonieta Perla Jiménez, Walter Eduardo Durán Martínez, Santiago Flores Alfaro, Onidia Xanehva Gómez Calderón, William Alfredo Hernández, Eugenio Chicas Martínez, Lety Méndez, Nidia Díaz, Carlos Rodríguez Rivera, Luis Wilfredo Berríos Alvarenga, Francisco Salvador García Trujillo, Javier Antonio Valdez Castillo, Adrián Arturo Amaya Palacios, Irma Magdalena López, Jorge Alberto Jiménez, Jaime Antonio Rivera, Patricia Janet Muñoz, Luis Arturo Fernández Peña, Ramón Arístides Valencia Arana y Dore Santiago González Guzmán.
“Esta es la forma cómo los partidos políticos recibían dinero del Estado para vaciar en estas mismas organizaciones a sus militantes”, dijo la Diputada Alexia Rivas.
Así le negaron oportunidades a la población y normalizaron situaciones que a todas luces riñen con la ética, además de demostrar que no había priorización de los gastos del Estado, ni había contraloría de estos fondos, reclamó la legisladora.
