La resolución se enmarca en la controversia 1-2020, mediante la cual tras el veto presidencial contra el Decreto Legislativo 564, la Sala de lo Constitucional se vio obligada a conocer.
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En la controversia 1-2020 planteada luego del veto del Presidente Nayib Bukele contra el Decreto 564 de febrero del presente año, en relación con el voto en el exterior, uno de cuatro puntos fue declarado ilegal por la Sala de lo Constitucional.
Los magistrados argumentaron que la ilegalidad del Decreto en el punto referente al voto pasivo, se da por “no regular los procedimientos, requisitos y garantías necesarias para que miembros los ciudadanos salvadoreños domiciliados fuera del territorio de la República puedan ejercer el sufragio pasivo en elecciones legislativas y municipales postulándose para los cargos públicos correspondientes, además de violar la sentencia de diciembre de 2016 (inconstitucionalidad 156-2012)”.
Desde aquélla época, la Sala había pedido a la Asamblea Legislativa que legislara en relación con los derechos activos y pasivos de la ciudadanía residente en el exterior.
“Declárase de un modo general y obligatorio que existe la inconstitucionalidad por omisión alegada por los demandantes, ya que la Asamblea Legislativa no ha cumplido con el mandato constitucional que deriva de los arts. 3 inc. 1°, 72 y 79 inc. 3° Cn., consistente en regular los procedimientos, requisitos y garantías necesarias para que los ciudadanos salvadoreños domiciliados fuera del territorio de la República, que cumplan con los requisitos constitucionales y legales respectivos, puedan votar en elecciones legislativas y municipales; y para que puedan postularse en los cargos públicos de elección popular”, dijo la Sala el 23 de diciembre de 2016, al resolver la inconstitucionalidad demandada por Eduardo Salvador Escobar Castillo, José Ramón Villalta, José Salvador Sanabria Gutiérrez y René Landaverde Hernández.
El Presidente Bukele también argumentó en el veto del Decreto 564, que existe violación constitucional en lo referente a la circunscripción departamental, demostrar arraigo territorial y la modalidad del voto postal o entrega personal de la boleta.
Pero en estos puntos, la Sala resolvió que tales disposiciones son legales.
