El Presidente ha vetado la referida ley, porque no quiere “ser cómplice de una infamia y una inconstitucionalidad”, ya que a su juicio tiene absurdos y vacíos legales, como el que se observa en el artículo 67.
Foto: Presidencia.
Luego que con 44 votos de ARENA y el PCN se aprobara la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, el Presidente Nayib Bukele vetó la mismas por considerarla un fraude de ley y una inconstitucionalidad.
Bukele consideró que, aunque el FMLN no votara, el partido de izquierda actuó en complicidad con ARENA y el PCN.
Esa actitud de ni siquiera abstenerse de votar u oponerse a la ley, hace ver que el FMLN está temeroso que las bases del partido les reclamen porque éstas siempre han sostenido que la sangre derramada nunca se olvida, “pero no quiso votar contra la ley de sus aliados”, dijo el gobernante.
Esta ley es un fraude en su propio nombre porque no representa “más que una simpe y llana ley de amnistía”, lo que la coloca en el fraude de ley, pues no tiene nada que ver con la justicia, reparación y reconciliación, sino con una forma de aminorar o desaparecer la pena para quienes han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el marco del pasado conflicto armado.
A juicio del Presidente Bukele, en este artículo queda claro que la normativa aprobada es una ley de amnistía; además, habla que el juez puede bajar hasta a una cuarta parte la pena.
“Eso es fraude porque no tiene criterios objetivos, solo dice que, si la persona pide perdón, se siente arrepentida y colabora con las autoridades, se baja la pena a una cuarta parte, período en el que los eventuales culpables, no pasarían en prisión, en razón de su salud o de su edad.
Esto rompe los convenios internacionales y los manuales que las Naciones Unidas o la CIDH dan para la viabilidad de una Ley de Amnistía, si fuera el caso.
Lo peor es que la ley le da plazo a la FGR tan corto que no podrían investigar “más que diez hechos”; el presidente teme que “esos diez” casos sean investigados siempre y cuando no toque a las cúpulas, ni “a los grandes”.
Además, le dan a la FGR la posibilidad de enviar casos al archivo sin poder ser reabiertos, aunque tales hechos no son prescriptibles, reclamó el gobernante.
Aún más; todo criminal que es condenado debe responder con castigo penal y responsabilidad civil, pero esta ley aprobada no contempla ninguna obligación de pagar indemnización a los responsables de estos crímenes, tal obligación se la trasladan al Estado.
Esto significa que por los crímenes cometidos por la guerrilla y el Ejército en la década de los 80, se empezaría a pagar una indemnización, 40 años después, por parte de las futuras generaciones en su edad productiva.
