La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica solicitó ayer a la Asamblea Legislativa reformar la Ley de Inversiones, normativa que permite a empresas transnacionales demandar al Estado en tribunales internacionales sin antes agotar las instancias de la justicia local.
El artículo 15 de esta ley establece que cuando surjan controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado referentes a inversiones realizadas en El Salvador, los inversionistas podrán recurrir directamente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal corporativo del Banco Mundial con sede en Washington.
Por esta disposición es que las compañías mineras Pacific Rim y Commerce Group han demandado el Estado en el CIADI, porque el gobierno les negó permisos para operar. Pacific Rim secó fuentes de agua y generó violencia en Cabañas, por eso le fue negado el permiso de explotación; y a Commerce Group se le canceló la licencia de explotación porque contaminó el Río San Sebastián en La Unión.
Pero, inconformes con la legítima y justa decisión del gobierno salvadoreño, ambas transnacionales recurrieron al CIADI a demandar al país amparadas en la Ley de Inversiones y en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés), aprobado por la derecha legislativa durante el gobierno del ex presidente Antonio Saca.
La Ley de Inversiones y los tratados de libre comercio son parte fundamental de la nomenclatura jurídica neoliberal implementada por los gobiernos de ARENA para favorecer a grandes empresas nacionales y extranjeras, en detrimento de los intereses de país. Por tanto, una acción básica para construir un nuevo modelo económico en el que primen los intereses nacionales es precisamente desmontar ese nocivo marco jurídico neoliberal.
Por eso es de gran valía la iniciativa de la Mesa frente a la Minería: es necesario reformar o derogar la Ley de Inversiones y el CAFTA para sustituirlos por otras leyes y tratados comerciales que promuevan la inversión y el comercio, pero sin menoscabo de la soberanía y autodeterminación del país, de la protección del medioambiente y los derechos de la población.
Así que todos los sectores patriotas y con sentido de país deberían sumarse a la moción de la Mesa y exigir a la Asamblea una profunda revisión y modificación de toda la normativa referente a inversión y comercio aprobada en la época de ARENA y sobre la cual se sostiene el modelo neoliberal que debemos cambiar.
