En dos casos de corrupción que se les atribuyen a los dos últimos gobernantes de ARENA, ha habido resoluciones que muestran un revés para la FGR, hechos que no asume Raúl Melara Morán.
Foto: CJIM/Periódico Equilibrium.
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador resolvió que, en los casos de corrupción relacionados con el donativo que Taiwán hizo a El Salvador después de los terremotos de 2001, por $10 millones, y con el caso “Destape a la corrupción” por el peculado de más de $301 millones de los gastos reservados de la Presidencia, al menos seis imputados deben ser beneficiados con la exoneración de cargos.
El expresidente Antonio Saca (actualmente en prisión) y Francisco Flores (ya fallecido) fueron liberados de cargos, no porque no tuvieran culpa en los hechos que se les imputó en caso del donativo taiwanés, sino porque la Fiscalía General de la República fue negligente en la investigación y permitió que el caso prescribiera.
La Cámara advirtió que pasaron casi 15 años después que los 10 millones de dólares fueran desviados incluso para favorecer campañas proselitistas de ARENA (según testigos) y que la ley establece que estos casos prescriben a los 10 años.
La acusación fiscal fue presentada durante la Administración de Douglas Meléndez, el pasado marzo. Mientras que la Administración de Luis Martínez no activó la investigación.
En este caso también han sido exonerados Gerardo Balzaretti, Juan Tennant Wright y José Samayoa.
Empleado de Capres favorecido
En el otro caso, en el que se investigó una red de corrupción que lavó dinero de los gastos reservados de la Presidencia, por $301 millones, la misma Cámara absolvió de cargos a Pablo Gómez, un contador que fue considerado cómplice necesario del expresidente Antonio Saca y otros, para favorecerse personalmente del dinero público.
Gómez no fue coautor de los delitos de peculado y lavado de dinero que le acusó la Fiscalía, concluyeron las autoridades y por eso debieron decretar el sobreseimiento, pero no puede ser liberado porque tiene pendiente otro proceso judicial en relación con otro caso de corrupción.
En este caso Saca seguirá cumpliendo la pena por haber admitido que lavó dinero del erario público, pero en el caso del reintegro que los tribunales de justicia habían determinado por el valor de $301 millones, debe hacerse una nueva valoración.
Esto a raíz que la FGR no ha determinado con exactitud los montos que fueron lavador por los ahora condenados Elemer Chalaix, César Funes y Julio Rank.
