Uso exclusivo de carril segregado del Sitramss, es ilegal

El Magistrado José Pineda acuerpó la resolución, peo pidió garantiza la coexistencia de derechos de la población usuaria y permitir un servicio cómodo, rápido, ágil, seguro y accesible.

Foto: Periódico Equilibrium.

La resolución de las anteriores autoridades de Transporte mediante la cual se dio exclusividad de uso al carril segregado para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) viola el artículo 120 de la Constitución y, por ello, la Sala de lo Constitucional lo ha declarado ilegal.

Ese artículo establece que tal tipo de concesiones debe ser sometido a consideración de la Asamblea Legislativa, pero el Director General de Tránsito del Viceministerio de Transporte, decidió en 2015 que el carril de 6.4 kilómetros entre el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II, fuera exclusivo.

Esta situación supone una restricción del uso libre e indiscriminado de los bienes de uso público.

A partir de esta resolución judicial y de esta fecha, la Asamblea Legislativa cuenta con un año para determinar si concede o no la autorización para la explotación del bien de uso público, previo procedimiento licitatorio.

Si la Asamblea Legislativa no lo hace se tendrá como incumplida la sentencia y entonces se ordenará realizar las obras necesarias para rehabilitar el tránsito entre el carril actual segregado y los carriles continuos y a eliminar las señalizaciones de exclusividad para el uso del Sitramss.

El Presidente de la Sala de lo Constitucional, José Pineda, si bien acuerpó la resolución, emitió un voto concurrente con el que pidió que se garantice la coexistencia de derechos de la población usuaria, de contar con un transporte colectivo cómodo, rápido, ágil, seguro y de accesibilidad.

Lo anterior no debe interferir con los derechos de las personas que hacen uso del transporte particular.

En tanto, el Magistrado Carlos Sergio Avilés, dijo que la sentencia no debe interpretarse como un rechazo al Sitramss; solo es una declaratoria de incumplimiento del régimen constitucional requerido para el uso especial de un bien de dominio público.

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