Subcomisión redactará anteproyecto de ley sustituto de la Ley de Amnistía General

El intento de la Asamblea Legislativa enfrenta la oposición no solo de académicos y defensores de los Derechos Humanos en el país, sino también de la CIDH, dependencia de la OEA.

 

 

Foto: Redes sociales/Periódico Equilibrium.

Una subcomisión legislativa encabezada por el Diputado Roberto Ángulo (PCN) y complementada por los diputados Julio Fabián (ARENA), Damián Alegría (FMLN), Guillermo Gallegos (GANA), Jorge Mazariego (PDC) y Juan José Martel (CD), se apresta a sesionar para intentar redactar una nueva ley de amnistía, bajo la justificación de cumplir con el requerimiento “de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a reconciliación nacional”.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dejó entrever que esta semana se tendría la aprobación de la ley para que el Presidente Salvador Sánchez Cerén la sancione, antes de terminar su mandato.

Tras las críticas por lo que se llamó “una Ley de Amnistía exprés”, Quijano declaró este martes ante un medio de comunicación, que «Quizás fue una ligereza decir que sacariamos ley de Reconciliación este jueves», aunque advierte que la propuesta debe estar aprobada a más tardar el 13 de julio próximo.

El Presidente electo, Nayib Bukele, también ha reaccionado a este intento, destacando que “Las leyes de amnistía van en contra del orden jurídico internacional, de la dignidad de las víctimas. Las re victimizan. Son leyes de impunidad. Buscan proteger a sus perpetradores y sus cómplices. Los que la aprueben se convertirán en transgresores”, dice en sus redes.

Pero los diputados justifican que “con miras a cumplir con la responsabilidad encomendada a la Asamblea Legislativa en lo relativo a erigir un cuerpo normativo que sustituya a la Ley de Amnistía General, la Comisión Política creó una subcomisión para el estudio de insumos que permitan confeccionar un anteproyecto de ley”.

Según el mandato conferido, la subcomisión deberá estudiar los insumos generados por la comisión ad hoc que estudió la sentencia emitida por la Sala mediante la cual se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General, y producir un anteproyecto de ley que garantice la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas del conflicto armado y no repetición a crímenes de lesa humanidad, dice en tanto una nota de la Asamblea Legislativa.

Pero lo que La Corte Suprema de Justicia, tras declarar inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, en 2016, ordenó es que la Asamblea Legislativa elabore una nueva ley de reconciliación para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas y garantizar que esos hechos no se repetirían jamás.

Es por ello que incluso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, considera que esa ley restablecería la práctica de una “amnistía absoluta e incondicional” de algunas de las serias violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra, entre 1980 y 1992.

Fue el Diputado Rodolfo Parker y su comisión ad hoc la que propuso el texto de la ley que la Asamblea pretende aprobar con el beneplácito del Ejecutivo, antes que Salvador Sánchez Cerén entregue el poder.

La oposición a esta nueva ley se ha extendido a nivel internacional gracias a una petición realizada en el sitio Change.org donde se ha abierto una Oposición al proyecto de ley que busca restaurar la amnistía en El Salvador, para que las personas firmen y se envíe a la Asamblea Legislativa la misma y evitar que se apruebe.

La petición ha sido promovida por Héctor Lindo Fuentes, quien advierte que “parece haber un gran riesgo de que la Asamblea apruebe una ley que promoverá la impunidad para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La impunidad para los poderosos, mensaje profundamente destructivo en cualquier sociedad, lo es aún más en una que, como la salvadoreña, sufre de altos niveles de criminalidad”.

En tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expresó preocupación por la iniciativa de ley que dejaría en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos del pasado en El Salvador

Desde Washington, la CIDH manifiesta su profunda preocupación por la iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional actualmente en debate en la Asamblea Nacional de El Salvador, cuyo efecto principal sería propiciar la impunidad respecto de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

De acuerdo con la información disponible, las disposiciones de dicha iniciativa de ley concederían “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a favor de personas que hayan participado en la comisión de «delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos”.

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