Sala frena vigencia de reformas a Ley de Extinción de Dominio

Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa vulnerarían al menos siete artículo de la Constitución de la República.

 

 

 

 

Foto: ONU/Periódico Equilibrium.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, suspendió la vigencia de las reformas a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen y Destinación Ilícita.

La resolución fue dada a conocer la tarde de este viernes lo que significa que se mantiene la aplicación de la normativa vigente hasta antes de las reformas en mención.

Fue el abogado Luis Mario Pérez quien promovió la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas por algunos de los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

Como se ha conocido, las reformas se refieren a la supresión de la definición de la categoría de bienes por valor equivalente y modificación en los alcances de la ley, en el sentido que aplica a todos los hechos punibles —antes se usaba el término “actividades

ilícitas”—, y adiciona el deber judicial de razonar la existencia de los presupuestos de la extinción de dominio y la presunción de incremento patrimonial no justificado cuando se trate de organizaciones terroristas, como las maras o pandillas y crimen organizado.

También la exigencia de que el incremento patrimonial no justificado provenga de actividades ilícitas para que proceda la acción de extinción de dominio; además, el carácter preceptivo del requisito de agotar el proceso previsto en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Empleados Públicos y de que se emita una sentencia definitiva condenatoria por la Cámara de lo Civil respectiva, entre otros muchos aspectos.

Los magistrados alegan en su resolución que las reformas se enmarcan dentro de una sensible connotación social que posee su contenido. No se trata de asuntos de ínfima importancia,

sino del establecimiento de mecanismos que impiden la adquisición o destinación ilegal de bienes y de lucha en contra del componente económico del crimen organizado y grupos terroristas como maras y pandillas; de combate a la corrupción, al lavado de dinero y

activos y en general, al reproche de cualquier actividad ilícita bajo la idea de que de ellas no puede obtenerse ningún beneficio patrimonial y que el Estado no permanecerá en inacción o aquiescencia frente a tales situaciones.

Estas, entre otras tantas razones, lleva a la Sala a determinar que ante la circunstancia inminente de que las reformas a la ley entren en vigencia, estima conducente la aplicación de la medida cautelar consistente en la suspensión de la entrada en vigor del Decreto Legislativo n° 734, de 18 de junio de 2017, publicado en el Diario Oficial n° 137, tomo 416, correspondiente al 24 del mismo mes y año.

En ese sentido “se suspende inmediatamente la entrada en vigencia” del Decreto Legislativo mencionado, debido a que tales reformas podrían vulnerar los artículos 1, 2, 3, 22, 103, 172, y 193 de la Constitución.

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