Sala admite demanda de amparo de candidatos no partidarios

Seis amparos fueron admite Sala de lo Constitucio-nal, relativas a violaciones presuntas del TSE y despla-zamiento for-zado.

 

Foto: FB/Periódico Equilibrium.

Los candidatos a diputados no partidarios demandaron al Tribunal Supremo Electoral por considerar que esta institución habría violado su derecho a optar a cargos públicos.

“El Tribunal Supremo Electoral ha irespetado los plazos para admitir la petición de reconocimiento de las candidaturas no partidarias y la autorización de libros para la recolección de firmas y huellas establecidos en el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos”, sostienen los demandantes.

La Sala de lo Constitucional ha admitido la demanda, por considerar que podría configurarse la alegada violación, ya que los magistrados de dicho TSE, “aparentemente, omitieron de manera deliberada cumplir con los plazos establecidos en el ‘calendario electoral’”.

Citando a la misma Sala, por una resolución de años atrás, los cuatro demandantes, candidatos no partidarios, argumentan que se les debía conceder los mismos plazos que a los partidos políticos, es decir, cuatro meses previo a la elección para el reconocimiento de su candidatura y noventa días para la devolución de los libros.

Debido a las evasivas del TSE, dicen los impetrantes, el plazo de cuatro meses se redujo a cuarenta y siete días.

La Sala consideró que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida, y otorgó un plazo de veinticuatro horas al Tribunal Supremo Electoral para que exprese si son ciertas las omisiones que se les atribuyen.

Sobre desplazamiento forzado

En otra resolución firmada este miércoles, la Sala ordenó medidas de protección a favor de más víctimas de desplazamiento forzado interno, tras resolver dos demandas de Amparo presentadas por grupos familiares acosados por pandillas.

Esta condición en la que viven las familias demandantes, sugiere la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar, protección no jurisdiccional, libertad de circulación y propiedad.

La Sala apunta su dedo contra la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE) porque estas no han emitido de forma oportuna, como lo manda la ley, las medidas para el procesamiento de los responsables de los delitos que han denunciado, ni del desplazamiento forzado interno que han sufrido.

Ni siquiera hay evidencias de diligencia alguna para el retorno de los demandantes a su residencia de forma segura.

Ante ello se ha ordenado a las instituciones pertinentes proporcionar, de forma inmediata, los mecanismos de seguridad para que los demandantes puedan retornar a su domicilio a efecto de recuperar los bienes materiales respectivos que se encuentran ahí y que no han podido recuperar por las amenazas sufridas.

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