A juicio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tras las verificaciones de ley que la Constitución le faculta a la institución, se ha establecido que se afectó la garantía de juez competente.
Fotos: Periódico Equilibrium.
El titular de la PDDH, David Morales, ha establecido que en el proceso judicial contra el sacerdote español Antonio Rodríguez , más conocido como “Padre Toño” no solo se afectó la antes referida garantía, sino que la Fiscalía General de la República no tuvo una actuación imparcial y objetiva.
Además, la PDDH responsabilizó a la Policía Nacional Civil de no informar al sacerdote al momento o inmediatamente después de la detención, sobre el derecho a recibir asistencia consular en atención a su nacionalidad española, activándose la respectiva protección consular de forma oficiosa y no por la notificación de las autoridades policiales.
Para la PDDH, las Juezas Especializadas de Instrucción “A” y “B” no sustentaron de forma suficiente la decisión de aplicar en el presente caso la jurisdicción especial contemplada en la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja.
A esto se agrega el hecho que hubo incumplimiento del principio de excepcionalidad de las restricciones a la libertad personal y del derecho a una decisión judicial fundada, coherente y motivada en cuanto a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional.
La cadena de vulneraciones, según la PDDH continúa con la lesión al principio de presunción de inocencia de Rodríguez, pues el Fiscal General, Luis Martínez, dio declaraciones públicas sobre el caso y presentó requerimientos sucesivos ante tribunales diferentes con el propósito de impedir el otorgamiento de medidas sustitutivas a la detención provisional.
El sacerdote ha sido condenado a dos años y medio de prisión, sustituidas por medidas alternas como abstenerse de ingresar a centros penales o bartolinas, no deberá relacionarse con pandilleros y no podrá comunicarse de ninguna forma con ellos.
La pena responde al hecho de haberse declarado culpable de los delitos que le acusó la FGR. Actualmente, Rodríguez se encuentra en España, pues no tiene restricciones de salida de El Salvador.