Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dice que grupos ajenos a la red hospitalaria interfieren en la protesta, en muchas ocasiones en forma “brusca y violenta”.
Foto: PDDH/Periódico Equilibrium.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, encabezada por Raquel Caballero, ha hecho un llamado al gobierno, mediante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa atender las demanda del personal de Salud aglutinado en sindicatos y organizaciones del Ramo.
Sin embargo, también le ha solicitado a estas, den acceso a la población que quiere hacer uso de los servicios en los hospitales públicos y “no continúen violentando el derecho humano a la salud”.
Miembros de estas gremiales han reducido y suspendido de labores demandando al gobierno “que se garantice la entrega completa del escalafón para el año 2017”.
La titular de la institución rectora de los derechos humanos, ha verificado en diversos hospitales la situación y constató la suspensión o reducción de servicios de consulta, cirugías electivas, laboratorio y farmacia.
Aún y cuando la atención de emergencias se ha mantenido en relativa normalidad, de acuerdo a la información oficial del Ministerio de Salud (Minsal), entre el 12 y el 13 de octubre dejaron de otorgarse un total de 21,195 servicios de salud.
Las autoridades observaron que grupos ajenos a la red hospitalaria “se han hecho presentes a los centros de salud y se han manifestado –en algunos casos, de forma brusca y violenta y generando daños a la propiedad– en contra de las medidas de suspensión y reducción de labores adoptadas por los sindicatos.
El derecho de estos grupos ajenos de manifestarse pacíficamente y a expresar su opinión sobre la situación generada por las protestas, deben abstenerse de realizar acciones violentas, dado que podrían generar una mayor escalada en el nivel de conflictividad, y terminarían afectando aún más a las personas usuarias del sistema de salud, advierte la PDDH.
Esta última institución ha planteado la necesidad de establecer acuerdos que permitan resolver el conflicto lo más pronto posible y dar una respuesta a las demandas de las personas agremiadas y se congratuló de encontrar una buena disposición y voluntad de la Ministra de Salud para generar espacios de consenso con las organizaciones sindicales.
Pero mientras tanto, la Procuradora Caballero ha recordado que los servicios públicos deben cumplir con los parámetros de continuidad, eficiencia, oportunidad y accesibilidad y que el derecho a protestar por demandas laborales, no debe implicar una afectación a los servicios esenciales que se proporcionan a la población y cesar todo acto que obstaculice el ejercicio del derecho a la salud.
En cuanto al Estado, Caballero dijo que se encuentra obligado a ofrecer y promover canales jurídicos e institucionales idóneos en los cuales los sindicatos y organizaciones laborales puedan plantear sus exigencias., resolver conflictos y alcanzar acuerdos con las autoridades gubernamentales. Estos mecanismos deben ser imparciales, ágiles, contar con garantías de participación igualitaria en todos los momentos del proceso y obligatoriedad de acatamiento por ambas partes en conflicto.