Enfoque Jurídico hace una evaluación del desempeño del exfiscal General de la República, Luis Martínez. A la Derecha, el exfiscal, conversa con los expresidentes de la República, Armando Calderón y el expresidente de la Fesfut, Carlos Méndez.
Por: Enfoque Jurídico.
Foto: Periódico Equilibrium.
La noche del 4 de diciembre de dos mil doce, luego de más de dos meses de negociaciones políticas, el efemelenista Sigfrido Reyes, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, juramentó como nuevo Fiscal General al abogado Luis Martínez, luego que en la sesión plenaria extraordinaria de ese día lograra los votos de los 84 diputados, es decir su elección fue por unanimidad, lo cual no se ve a menudo en dicho órgano del estado.
Luis Martínez fue electo para “Defender los intereses del Estado y de la Sociedad; promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad; dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil; defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios…”, obligaciones que le impone la Constitución de la Republica. Sin embargo, durante su administración, y en lo que lleva fuera de ella, se ha visto involucrado en hechos totalmente contrarios para los que fue electo.
Luis Martínez, ha sido cuestionado por no mostrar ni voluntad ni buen tino para combatir el crimen organizado, a pesar de que contó con herramientas legales que sus antecesores no tenían, como el centro de escuchas telefónicas o la Ley de Extinción de Dominio.
Estados Unidos ha incluido a El Salvador en la lista negra de países que no combaten el narcotráfico; y existen suficientes razones que sustentan las declaraciones del gobierno del presidente Barak Obama, por ejemplo, afincado en el noroeste salvadoreño existe el Cartel de Texis, organización de narcotraficantes que fue ampliamente revelada por un periódico digital, en el cual se menciona como miembros o colaboradores a diputados, alcaldes, operadores y coordinadores de partidos políticos, investigadores, oficiales de la Policía Nacional Civil, etc., a pesar de los informes que dan fe de la existencia de dicho Cartel, y a pesar de contar con los nombres y apellidos de los posibles involucrados, el ex Fiscal General Luis Martínez no inició una investigación de oficio para desmantelar la existencia de dicho cartel, tampoco justificó omisión a la hora de investigar, ni desmintió la existencia del referido cartel.
A José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, Luis Martínez no lo procesó por lavado no obstante que la administración Obama lo declaró capo internacional del narcotráfico en 2014.
Es mas, se conoció que la Fiscalía General de la Republica tenía una investigación abierta contra el capo salvadoreño, sin embargo, con la llegada de Luis Martínez a la Institución, el equipo de fiscales fue removido y el caso reducido a un delito menor de evasión fiscal, luego cerrado con el pago de mas de un millón de dólares al erario publico de parte del denominado capo de la droga por Estados Unidos.
En 19 meses de su gestión -febrero 2013, agosto 2014-, Luis Martínez realizo 40 viajes en aviones privados, según consta en los registros migratorios que fueron revelados por la Fiscalía ante una petición de FUNDE-ALAC (Asesoría Legal y Anticorrupción). El costo de los vuelos asciende a medio millón de dólares, según precios de mercado. Aunado a lo anterior, el periódico digital “El Faro” publicó que Luis Martínez logro cancelar una deuda de $150,000 dólares que había arrastrado por varios años, en los primeros meses de su mandato. El Fiscal General tuvo ingresos por $165,000 en los tres años de su mandato, entonces ¿Quién pago los viajes privados?, ¿De dónde sacó los $ 150,000 para pagar su deuda personal?
Así mismo, el periódico digital “El Faro” publicó que el dueño de los aviones que uso para algunos de sus viajes Luis Martínez en su calidad de Fiscal General, es el empresario Enrique Rais. Con la llegada de Luis Martínez a la Fiscalía Rais fue beneficiado judicialmente en varios casos con sendos sobreseimientos, mientras sus enemigos comerciales están detenidos o con órdenes de detención internacional. Entre los enemigos comerciales se encuentran el abogado, ex empleado de Rais, Mario Calderón, y su esposa Claudia de Calderón, y los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Facetti, con los que el empresario Enrique Raís mantiene un litigio millonario a quienes Luis Martínez les giro orden de captura internacional.
El caso de Mario Calderón y su esposa se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por denuncia de falta de acceso a las garantías judiciales. Aclaramos que sobre este caso no hacemos una valoración del conflicto legal entre ambas partes, sino más bien advertimos que Luis Martínez se caracterizó en su gestión por llevar una agenda discriminatoria al seleccionar cuidadosamente las formas y los tiempos de quienes perseguir penalmente, otro ejemplo de ello el caso del señor Antonio Rodríguez, conocido como “Padre Toño”. Cabe señalar que existe una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental en contra de Luis Martínez debido al conflicto de intereses que le genera al Fiscal General viajar en los aviones privados de Rais.
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