Recientemente el Fiscal General de la República, Luis Martínez, lanzó fuertes advertencias, que son interpretadas por diversas fuentes como amenazas, contra el juez Séptimo de instrucción y su personal en el caso Flores.
Foto referencial: FGR.
El juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, respondió con un oficio al Fiscal General, Luis Martínez, para recordarle que ha sido en su propia institución donde se habría filtrado el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), tras “las advertencias” de la FGR de acusar un delito si el tribunal da a conocer información sobre dicho reporte procedente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Un reporte de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez da cuenta que Martínez advirtió al juez que “con toda seguridad, emprenderá acciones legales” contra toda persona que, teniendo acceso al expediente contra el expresidente Francisco Flores, divulgue información sobre el ROS y la agencia que lo emitió.
Martínez mencionó, incluso, la cantidad de años a la que puede ser condenada una persona que sea funcionaria o empleada pública si revela o divulga información o documentación reservada o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos.
Según Martínez, el gobierno de Estados Unidos, por medio de la Red Contra el Crimen Financiero (FinCen) puede sancionar a El Salvador si se divulga información financiera para la investigación del delito de lavado de dinero y activos.
[pullquote class=»cita»]El juez del caso Flores le ha notificado al Fiscal General Luis Martínez que no son procedentes las advertencias y las amenazas que realizó días atrás a efecto de procesar a quien mencione el ROS.[/pullquote]
García ha respondido que el solo dicho del fiscal al respecto no surte un efecto jurídico en el proceso, por lo cual debe probar esa advertencia de Estados Unidos, situación en la que también se pide el aporte de la embajadora de ese país, Mari Carmen Aponte, para dar por ciertas las declaraciones del Fiscal General.
El juzgado ya envió informes de las advertencias a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia a fin de que tengan conocimiento de la situación.
Por otra parte, García ha defendido el derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través de los medios de comunicación, a los que se ha informado que el proceso no tiene ninguna restricción publicitaria y que podrían tener acceso al expediente.
“Como administrador de justicia y garante de la legalidad, siempre he defendido la libertad de expresión y el derecho que tienen los diferentes medios noticiosos a que se les otorgue información”, concluye.