El retraso expone a El Salvador como un país que incumple los convenios marco inter-nacionales en materia de Derechos Humanos. Ya hay denuncias ante la OEA y la Unión Europea.
Foto: Periódico Equilibrium.
La Iniciativa Social para la Democracia considera acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una demanda penal por el retraso de la Asamblea Legislativa en la elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.
La desidia de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea, está generando daños jurídicos en las personas que han acudido desde julio pasado a la Sala de lo Constitucional, porque esa sala, de momento, no existe.
La ISD recordó que al menos 160 procesos de materia constitucional están pendientes y otros 800 casos que ya estaban en estudio antes de finalizar el período los anteriores magistrados, mantienen la mora, por la falta de acuerdo político para completar el pleno de la CSJ.
Ramón Villalta, Director Ejecutivo de ISD, dijo que han sido más transparentes y diligentes la Federación de Abogados de El Salvador (Fedaes) y el Consejo Nacional de la Judicatura al realizar un proceso adecuado para proponer las personas que pueden optar a una magistratura.
Al contrario, la Asamblea Legislativa, en donde hay acusaciones mutuas por el retraso, ha sido negligente y ha mostrado un claro interés en cuotas de poder, ha señalado la institución de la sociedad civil.
Van más de cien días sin magistrados y esto genera un vacío en la protección de los derechos fundamentales de las personas; pero, además, esto no solo hace frágil la institucionalidad sino que generaría mayor crisis política si no se tiene magistrados antes de las próximas elecciones presidenciales.
Por eso se llama a la Asamblea a usar los varemos propuestos por la sociedad civil o, al menos, establecer un mejor mecanismo de análisis y valoración para escoger a las personas más idóneas.
La irresponsabilidad de la Asamblea hace incurrir a sus miembros en un ilícito penal, y aunque la Fiscalía General de la Fiscalía General de la República (FGR) ha empezado a hacer investigaciones al respecto, se han presentado denuncias y avisos ante la Embajada de Estados Americanos y Unión Europea en El Salvador y se considera demandar ante la CIDH a El Salvador, por las violaciones a los derechos constitucionales de las personas que no son atendidas por la CSJ.
El retraso expone a El Salvador como un país que incumple los convenios marco internacionales en materia de Derechos Humanos, abonó Óscar Campos, coordinador de Transparencia de ISD.