Iglesia pide aprobar ley del agua con base a consenso 2012-2015

Los obispos concluyen en que corresponde al Estado ser el legítimo garante del derecho al agua para todos y que, por ello, están en contra de la privatización del agua.

Foto: Periódico Equilibrium.

La Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) ha sentado posición sobre la ley del agua que, a su juicio, necesita el país para favorecer a  las personas que históricamente han sido excluidas del acceso al agua potable.

Los obispos le han recordado a la Asamblea Legislativa que “el agua es un elemento indispensable para la vida humana” y que, en ese sentido, sus miembros deben respetar los 92 artículos que se lograron por consenso entre 2012 y 2015 porque son una pieza fundamental para aprobar la respectiva ley.

La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea estudia desde hace muchos años la propuesta de ley y nuevamente ha iniciado la discusión sobre el uso del agua, sobre el cual organizaciones social advierten las intenciones de privatizarlo, bajo presiones de la gran empresa.

Las organizaciones sociales se han manifestado públicamente para que la ley sea aprobada bajo la visión del acceso universal.

En tanto los obispos han recordado que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido el derecho humano al agua, mientras que el Papa Francisco ha afirmado que “el acceso al agua potable y segura… determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

Los 92 artículos aludidos por la Iglesia Católica “responden a las grandes necesidades del pueblo salvadoreño”, según la visión de los obispos.

“Como pastores somos testigos del clamor de nuestro pueblo que pide agua potable en todos los hogares y que no podrían pagar los costos si tan vital líquido se convirtiera en una mercancía que esté sometida a las leyes del mercado”, escribió la Cedes en un comunicado hecho público.

La Cedes dice que para responder a la justa demanda de la población, es indispensable que el ente rector de la administración del agua, tenga una Junta Directiva predominantemente estatal con amplia participación ciudadana.

Los obispos concluyen en que corresponde al Estado ser el legítimo garante del derecho al agua para todos y que, por ello, están en contra de la privatización del agua.

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