Humedal Cerrón Grande, El Salvador: Dinámicas positivas, Coaliciones débiles

Investigadores del Programa DTR de Rimisp pusieron en evidencia las dinámicas territoriales que tienen lugar en ocho municipios salvadoreños localizados en la ribera norte del Humedal Cerrón Grande. Todos ellos registraban reducción de la pobreza y aumento de los ingresos, algunos –incluso- disminución en la desigualdad.  No obstante, la incapacidad de sus coaliciones de incidir en las agendas del gobierno central, incorporando sus propias demandas territoriales, podría constituir una amenaza para tan promisorio escenario.

Con el fin de proveer una visión, validada empíricamente, de los determinantes de las dinámicas territoriales rurales en América Latina, y sobre esa base deducir opciones de política pública capaces de contribuir a un desarrollo con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad ambiental, el Programa DTR de Rimisp indaga las realidades de diversas localidades, algunas muy remotas.

Una de ellas es la ribera norte del Humedal Cerrón Grande, en El Salvador, una zona conformada por ocho municipios pertenecientes al departamento de Chalatenango. La investigación “Dinámicas socioambientales y productivas en la zona Norte de El Salvador: La ribera norte del Humedal Cerrón Grande”, a cargo de Ileana Gómez y Rafael Cartagena, registra lo acontecido en Tejutla, El Paraíso, Santa Rita, Chalatenango, Azacualpa, San Luís del Carmen, San Rafael y San Francisco Lempa.

Se trata de un territorio de 410,6 Km2, con una población -según el Censo de 2007- de 66 782 personas y un 57%  de población rural, donde se han generado dinámicas positivas. Prueba de ello es que todos los municipios presentan mejoras en el  ingreso per cápita y reducción de la pobreza, y dos de ellos -Santa Rita y Azacualpa- evidencian, además, una mejor distribución del ingreso.

La zona, marcada por conflictos bélicos internos que tuvieron lugar entre 1979 y 1991 y por la construcción de la represa hidroeléctrica Cerrón  Grande en 1976 -que inundó buena parte de las mejores tierras cultivables de Chalatenango – pasó entre 1992 y 2007 por un proceso de disminución de la Población Económicamente Activa (PEA) –entre un 3,4% y un 5.7%-. También de “descampesinización” -la agricultura pasó de representar un 46% a apenas un 21% de la PEA en ese periodo- y tercerización de su economía.

Los expertos coinciden en que se trata de un lugar que carece de una actividad económica distintiva, que opere como eje de la dinámica territorial en su conjunto. Agricultura, comercio, administración y servicios públicos suman un 50% de la actividad económica, y la otra mitad se desgrana en más de una docena de actividades. No obstante, y a pesar de todos los cambios que el territorio ha sufrido, el empleo continúa fuertemente ligado a la valorización de los recursos naturales.

Otro factor clave en la economía del humedal son las remesas. Según el Censo de 2007, estas son significativas para el mejoramiento de la situación de pobreza y el 16% de la población con 10 años o más las percibe.

La dinámica de la pobreza y la desigualdad en el territorio presenta –como se ha dicho- ciertas diferencias entre los municipios. Si bien todos muestran un mejoramiento en el ingreso y la pobreza, solamente dos habrían mejorado las condiciones de distribución. Revisando los casos de Santa Rita y Azacualpa es posible establecer las combinaciones de indicadores que inciden en esta clasificación positiva.

Azacualpa se destaca del resto del territorio por su bajo nivel de analfabetismo (13%), buenos niveles de capacitación de la PEA y PEA agropecuaria, con la proporción más alta de la PEA agrícola con acceso a la educación media. Lo anterior es importante debido a que la PEA agrícola representa casi el 50%. La proporción de personas que reciben remesas es de las más elevadas del territorio (22.5%) y hay mayor inversión en infraestructura pública: escuelas, puestos de salud y electrificación. La situación en Santa Rita, en tanto, obedece –entre otros factores- a la conectividad que la cabecera municipal ha tenido con el principal centro urbano de la zona, Chalatenango, y con el área metropolitana de San Salvador. El crecimiento de la PEA se da en la misma proporción que la población, y también es uno de los municipios que captan más remesas (21.6%). Allí, el acceso de la población rural al recurso tierra es el segundo más alto de la zona (44.4%), por detrás de San Francisco Lempa (56.2%).

En todos los casos, las diferencias entre los territorios respecto a la distribución en los ingresos se explican por el éxito de la gestión municipal y las políticas y proyectos ejecutados en el territorio, independientemente del flujo de remesas y de su capital natural.

Fortalecer a los municipios

No obstante este desarrollo, los investigadores advierten que la agenda establecida por el gobierno central –que ha apuntado desde el fin de la guerra a la reconstrucción, la reinserción productiva y la dotación de infraestructura- no genera suficientes sinergias con la agenda propia del territorio y sus coaliciones. Así, los actores locales han realizado una planificación “endógena” que, si bien está vinculada con las políticas externas, construye sus propias estrategias para el fortalecimiento de la base de producción familiar, la cultura organizativa comunitaria y la protección ambiental, con fondos de proyectos de cooperación y solidaridad internacional.

En otras palabras, el capital social del territorio  -expresado en sus capacidades organizativas, en las coaliciones sociales y en los arreglos institucionales existentes— no ha tenido la fuerza suficiente para incidir en la agenda y en los proyectos externos, de tal forma de convertirlos en motores de una dinámica de crecimiento endógeno con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Es decir, no ha logrado convertirse en un interlocutor activo del gobierno central para plantear temas estratégicos de desarrollo territorial.

Así, el estudio concluye que el territorio puede seguir avanzando en el crecimiento económico, en la superación de la pobreza y en la distribución de los recursos, siempre y cuando los actores territoriales tengan mayor poder de decisión en las políticas y programas  de desarrollo local y se fortalezca la agenda operativa de municipalidades y mancomunidades.

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