Fusades: se le acaba el tiempo a AL para reformas electorales

Elecciones-CubaLa ley dispone que a un año de celebrar las elecciones en El Salvador no se pueden hacer cambios legales electorales, para no entorpecer o favorecer a alguno de los partidos en contienda.

 

Foto: Periódico Equilibrium.

A partir del 4 de marzo no podrán reformarse ni la Ley de Partidos ni el Código Electoral, en virtud de un decreto legislativo tomado en 2016 por la Asamblea Legislativa.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) también urgió a la Asamblea Legislativa para que apruebe el presupuesto solicitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La posición de Fusades parte de la obligación legal que establece un plazo para que puedan hacer regulaciones; falta muy poco para que se inicie el período de un año para celebrar las próximas elecciones en el país.

En mayo de 2016, recordó Fusades, la Asamblea Legislativa prohibió modificar las reglas de los comicios un año antes de su celebración y las próximas elecciones legislativas y municipales están programadas para el domingo 4 de marzo de 2018. “Esto significa que apenas es una sesión plenaria la que resta para que los diputados reformen la Ley de Partidos Políticos (LPP) y el Código Electoral (CE)”, advierte la organización.

Pero la fundación hace otra serie de consideraciones alrededor de este tema, como las de acceso a la información pública, la presentación de informes a las autoridades pertinentes, el financiamiento de los partidos políticos y las facultades del TSE para verificar la información.

La práctica internacional sugiere este tipo de restricciones, señala Fusades en referencia al cambio de las reglas electorales, orientadas a evitar cambios en la legislación de la materia con poca anticipación a las elecciones, porque podrían representar, en su caso, obstáculos o ventajas para algunos de los participantes en la contienda.

En cuanto al acceso a la información, Fusades agrega que en la práctica pueden presentarse situaciones en las que una interpretación restrictiva de las autoridades responsables de aplicar la ley, podría derivar en la negación del citado derecho y del principio de transparencia.

Es decir que llama la atención no solo sobre la validez de la norma correspondiente, sino a su eficacia, tal es el espíritu de la sentencia de la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, al respecto.

En cuanto a la obligación de presentar informes a diversas autoridades públicas, no se regula de manera clara qué acciones deben tomar estas autoridades con esa documentación; por ejemplo, si son meros receptores o especies de registros públicos, o si deben verificar la conformidad de esa información con la ley.

La fundación también llama la atención sobre los candidatos partidarios pues en cuanto al financiamiento no se observa ningún tipo de regla, como se ve con las candidaturas no partidarias.

Para éstas últimas sí se han establecido algunos controles en las “Disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas”. Sin embargo, son mecanismos adecuados para esa figura y que no necesariamente pueden funcionar con los candidatos partidarios.

Se debe prevenir el uso de fondos con origen ilícito y evitar el financiamiento mediante actividades como las del crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero.

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