FUSADES: «Sala de lo Constitucional es la Ley Suprema en el territorio nacional»

Bajo la premisa de que no existe una norma igual o superior en rango a la Constitución de El Salvador, La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), consideró improcedente la aplicación del artículo 22, literal «f» del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), en el caso de los magistrados cuyo nombramiento fue declardo ilegal por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Se refiere a que existe una supremacía constitucional y de «naturaleza irrecurrible» de las sentencias de la Sala de lo Constitucional salvadoreña. Según FUSADES, la revisión de los fallos de esta Sala, por parte de la CCJ, convierte a la Corte regional en una segunda instancia de las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, lo cual «es un supuesto contrario a nuestra Carta Magna», dice.

FUSADES agrega que de conformidad con los artículos 145, 149, 183 y 246 del texto de la Constitución, cualquier disposición de derecho interno o de derecho internacional que la contraríe adolece de inconstitucionalidad y debe expulsarse del ordenamiento jurídico.

Además, la vigencia efectiva del principio de supremacía constitucional y la defensa de la Constitución ha sido confiada a la Sala de lo Constitucional como máximo intérprete de nuestra Ley Primaria, único organismo con facultades para declarar con carácter general y obligatorio la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, según lo establece el artículo 183 de la misma ley.

Antecedentes

El pasado 24 de abril, 6 días antes de concluir su periodo, la mayoría legislativa designó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2012-2021, en exceso de sus facultades, puesto que ya habían electo a los magistrados para el periodo 2009-2018, señala FUSADES.

A los pocos días de esa elección, se interpusieron sucesivamente 4 demandas para impugnar la constitucionalidad de dicha actuación, pero además del control ciudadano de ese acto, se impugnaron otros nombramientos, incluyendo una idéntica actuación realizada por la legislatura 2003-2006, la cual eligió primero magistrados de la CSJ 2003-2012 y, después, el último día de su periodo nombró a los magistrados para el periodo 2006-2015.

El 4 de mayo de 2012, la Sala admitió la primera demanda recibida en contra de la elección de los magistrados de la CSJ 2012-2021 y la demanda en contra de la elección de los magistrados de la CSJ 2006-2015, las cuales fueron resueltas el 5 de junio, en sendas sentencias en las que se  declaró la inconstitucionalidad de los dobles nombramientos de magistrados de la CSJ realizados por la legislatura 2003-2006 y por la legislatura 2009-2012.

Esto motivó que algunos diputados de la Asamblea Legislativa manifestaron que no estaban dispuestos a acatar los fallos y que iban a recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y así lo hicieron.

Con 50 votos a favor el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen favorable de la Comisión Política y  luego, varios miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa viajaron a la sede de la CCAJ para presentar el recurso.

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