FGR puede ordenar detenciones administrativas de menores de edad

Por unanimidad Sala dice que no es ilegal la facultad de la FGR de ordenar detención administrativa contra menores de edad, como lo pretendía el Tribunal Tercero de Menores.

Foto: Periódico Equilibrium.

Argumentando que la Fiscalía General de la República no está habilitada para girar órdenes administrativas de detención contra menores de edad que infringen las leyes penales, el Tribunal Tercero de Menores decidió inaplicar la detención porque, a su juicio contraviene el principio de especialidad de la jurisdicción penal juvenil

El caso llegó a conocimiento de la Sala de lo Constitucional, la cual ha resuelto que el citado tribunal no tienen razón, porque no es cierto que se violente el artículo 35, inciso segundo de la Constitución, como se sugiere.

La Fiscalía General de la República está habilitada para emitir órdenes administrativas de detención sobre menores de edad, pues se trata de una medida que busca asegurar el normal desarrollo del proceso penal juvenil y lograr su sujeción al procedimiento, ha establecido el cuerpo de magistrados constitucionalistas.

La referida disposición Constitucional establece que la conducta antisocial de los menores que sea constitutiva de delito o falta, estará sujeta a un régimen jurídico especial como es la Ley Penal Juvenil.

El tribunal en mención interpreta que la habilitación concedida a la Fiscalía General de la República representa un endurecimiento de penas que implican un mayor uso de cárcel, pero en su sentencia, la Sala estableció que la reforma realizada a la Ley Penal Juvenil sobre el régimen del internamiento provisional que han sido impugnadas cumple con los presupuestos constitucionales básicos que habilitan la adopción del encierro cautelar y delimitan las condiciones que debe verificar la FGR para su adopción.

Los magistrados explican que “la detención de menores de edad se trata de un mecanismo que asegura finalidades estrictamente procesales, como la sujeción del joven infractor de la ley al proceso y la ejecución de la probable sanción a aplicar”.

Complementa que para su imposición se deben tomar en cuenta la gravedad del delito y la posible duración que el internamiento definitivo pudiera tener en el caso de una declaratoria de responsabilidad penal.

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