CEJ cuestiona proceso de elección de nuevo Fiscal General

La Asamblea Legislativa debe abstenerse deliberar fuera de las comisiones y lejos del escrutinio público y de los medios de comunica-ción, reclama este centro de estudios.

 

Foto: AL/Periódico Equilibrium.

El Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador (CEJ) ha cuestionado la forma en que la Asamblea Legislativa eligió al nuevo Fiscal General de la República, por considerar que se “repitieron deficiencias que ocurrieron en el pasado proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

Raúl Melara, quien fue Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, se ha mostrado públicamente como apoyo de la Alianza por un Nuevo País que impulsa el partido ARENCA, con el concurso de los otros partidos de derecha PCN, PDC y Democracia Salvadoreña.

Es este un punto que señala el CEJ cuando destaca en un comunicado emitido el domingo sobre las fotografías que han circulado en las redes sociales, donde Melara aparece en eventos proselitistas acompañando al candidato presidencial de la Alianza, Carlos Calleja.

“Esa circunstancia obliga a cuestionar la independencia del referido profesional (Raúl Melara) ante un posible vínculo con un partido político”, advierte el Centro de Estudios Políticos.

Pero no es solo este hecho lo que motiva a al CEJ a cuestionar la elección de Melara. También describe que otro hecho que pondría en duda el proceso de elección del Fiscal General es que dos de los entonces candidatos, los actuales Fiscal General, Douglas Meléndez, y el Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda, además de tener investigaciones activas por sus posibles vínculos directos o indirectos con partidos políticos, cabía la duda sobre su actuación en sus funciones, mientras duraba el proceso de elección y esto pudo haberse prestado a presiones indebidas o a conflictos de interés.

Por ello, esta entidad jurídica pide a la Asamblea Legislativa que cumpla con los parámetros establecidos por la Constitución en materia de elección de funcionarios de segundo grado.

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