Acción Ciudadana denuncia ante la CCR a Asamblea Legislativa

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Para los denunciantes, “existen evidencias que el reparto de la mayoría de esos fondos públicos se hicieron atendiendo únicamente la afinidad política del receptor”.

 

Foto: Periódico Equilibrium.

El abogado Eduardo Salvador Escobar Castillo y el consultor Roberto Mauricio Rivera Ocampo, denunciaron ante la Corte de Cuentas de la República a las personas que ocupan diputaciones en propiedad, del período legislativo 2015-2018 que aprobaron el Presupuesto General de la Nación 2015 y 2016, así como a miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que dictaminaron favorable dichos presupuestos y, finalmente, al Ministerio de Hacienda.

La denuncia destaca que en el Presupuesto General de la Nación 2015 y 2016, existieron asignaciones de millones de dólares aprobadas y realizadas por la Asamblea Legislativa a diferentes organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones religiosas de diferente denominación, para que financiaran sus actividades o ejecutaran esos fondos.

Esa decisión, sin embargo, se realizó sin justificar ni demostrar el Órgano Legislativo los criterios a partir de los cuales consideró que existió utilidad pública para proceder al otorgamiento de esos fondos.

Para los denunciantes, “existen evidencias que el reparto de la mayoría de esos fondos públicos se hicieron atendiendo únicamente la afinidad política del receptor”.

Otro aspecto irregular es que dichas erogaciones de fondos no fueron sometidos a ningún tipo de control sobre su uso, pues no existe evidencia de que las instituciones beneficiarias hubieran rendido cuentas.

Por otra parte, tomando en cuenta que según la ley es la Corte el organismo encargado de fiscalizar la Hacienda Pública y la ejecución del presupuesto, esta debe practicar auditoría externa financiera y operacional o de gestión a las entidades favorecidas, pues han recibido asignaciones de fondos públicos en 2015 y 2016 por un monto de $14,728,379.

Esta petición obedece al hecho que en esas asignaciones se ha detectado un posible uso discrecional de una parte de los fondos que integran el Presupuesto General de la Nacional, pues sirvieron para financiar proyectos de entidades privadas en diversas áreas, no constando en los dictámenes información sobre los criterios a partir de los cuáles el Órgano Legislativo consideró que existió utilidad pública para proceder al otorgamiento de los mismos.

Tampoco figura referencia alguna respecto de la formulación de proyectos, ni informes de ejecución.

Los profesionales detallaron un listado de las instituciones y los montos que les fueron asignados, según consta en el Dictamen 359 Favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, en el cual se consideró conveniente ajustar el presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia reduciéndole $10,221,127.70; del mismo modo, se redujeron $14,000,000 del presupuesto asignado al Ministerio de Hacienda, sumando un total de $24,221,127.70 que serían transferidos o ejecutados por diferentes instituciones estatales y entidades privadas.

De ese total, se distribuyeron $5,436,350 para aproximadamente 47 asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas en el Presupuesto General de la Nación:

De esos, $815,850 fuero distribuidos en la Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social (Fundaspad), $100,000; para la Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo (Edytra), $100,000; para la Asociación de Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, $50,000; y para la Fundación Padre Arrupe, $50,000.

Además se favorecieron a la Fundación Salvadoreña de Síndrome Down Paraíso Down, Fundación Metáfora, para el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), Colegio Eucarístico, Fundación del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos e Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, con montos que van desde $15 mil hasta $100 mil.

También denunciaron que el dinero asignado al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local por un monto de $1,123,000, fue distribuido entre la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (Procomes), Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Libertadores de Cabaña de R.L, Asociación Nacional para el Desarrollo del Municipio de Cinquera, Asociación Cooperativa El Paso de R.L., Fundación Ayuda Comunitaria del Municipio de Santa Tecla y Asociación de Desarrollo de Madres Solteras y Viudas Jefas de Hogar de El salvador, por montos entre los $30 mil y los $140 mil.

Incluso, los denunciantes pidieron investigar el uso de los $185,000 asignados al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, los cuales fueron distribuidos entre el Comité Paralímpico de El Salvador (Copesa), Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso (Cidep) y Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (Provida), entre otros casos.

En la denuncia se pide iniciar el respectivo proceso de auditoría o examen especial, según sea el caso, para determinar si los fondos públicos fueron debidamente usadas o, de lo contrario determinar las responsabilidades de las personas que actúan en funciones públicas.

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