390 años de cárcel para asesinos de 11 trabajadores

El fallo será dado por escrito a las partes el 14 de junio y la defensa tendrá, desde entonces, cinco días hábiles para presentar algún recurso.

 

Foto: CJIM/Periódico Equilibrium.

El Juzgado Especializado de Sentencia “A” condenó a los pandilleros David Antonio Anaya Orellana, René Mauricio Buezo Landaverde, Héctor Mario Baiza Martínez, Douglas Alexander Montano Durán, Nelson Lobo Salgado Merino, Diego Armando Acevedo Serrano y Arnoldo de Jesús Dubón Castaneda, a 385 años por homicidio agravado en perjuicio de 11 víctimas, más cinco años por agrupaciones ilícitas. En total son 390 años de prisión.

Pese a lo largo de la condena, los sentenciados solo podrán pasar 60 años en prisión, debido a que en el país no está permitida la cadena perpetua.

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez ha destacado la importancia de la prueba científica que ha ayudado a que la justicia salvadoreña fallara en contra de una parte de la estructura criminal que participó en la masacre.

El juicio, realizado de forma virtual, finalizó la tarde del miércoles, mientras los ahora condenados fueron juzgados mientras permanecían recluidos en el Centro Penal de San Francisco Gotera, Morazán.

El hecho ocurrió el 3 de marzo de 2016, en caserío Las Flores del cantón Agua Escondida, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

Según el testigo “Islámico” (ambién miembro del grupo terrorista) se reunieron cinco miembros de la pandilla 18 R, para organizarse e ir a matar a los “contrarios”, ya que días anteriores por disputarse un territorio habían matado a miembros de la pandilla.

Posteriormente se trasladaron al lugar conocido como La Coyotera, en Quezaltepeque, para agruparse unas 17 personas con armas blancas y armas de fuego; ya organizados se dirigieron rumbo a San Juan Opico, luego de caminar un aproximado de cuatro horas llegaron a un cañal y escucharon voces. Observaron a “tres personas haciendo hoyos para postes, por lo que tres pandilleros capturan a los tres trabajadores, y los hacen caminar al cerco que divide el cañal, de un bordo”.

Decidieron amarrarlos de manos hacia atrás con sus cintas de zapatos, luego salen a verificar si hay más personas, encontrando a otras ocho personas que los hicieron caminar; en ese momento una de las víctimas decide correr, por lo cual lo atacan con arma de fuego, cayendo a un barranco. Al no saber qué hacer con las demás personas, deciden matarlos a todos para no dejar ningún testigo, diez de las víctimas fallecieron por proyectiles de armas de fuego, y uno por lesiones con arma blanca, según “Islámico” la decisión de matarlo así fue porque poseía un carné de la Fuerza Armada.

La prueba documental y científicas presentadas por la representación fiscal, fueron de mayor ayuda según el juzgador para condenarlos, porque el testigo con criterio de oportunidad al buscar su beneficio se contradecía en algunas acusaciones.

en el desarrollo del juicio fue decretada la orden judicial de captura contra otros dos implicados en el caso: José P. y Jorge L.

Además, en octubre de 2016 el Juzgado de Menores de Santa Tecla declaró responsables penalmente a dos adolescentes por participar en la misma matanza. En esa fecha el aplicador de justicia les impuso 5 y 15 años de internamiento, las cuales cumplen en el Centro de Menores El Espino, en Ahuachapán.

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