$22 millones habría perdido el Estado por ocultamiento de expedientes

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Foto: René Quintanilla.

Una de las administraciones señaladas es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de donde se habrían manoseado alrededor de $12 millones, durante la administración de la actual diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar. Hacienda, MOP y Vivienda, son las otras instituciones señaladas.

El Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, anunció este martes, que el Estado salvadoreño ha perdido unos $22 millones, en virtud del mal manejo de fondos públicos, que en su momento conoció la entidad contralora, pero cuyas autoridades de administraciones anteriores ocultaron los expedientes que comprometen a exfuncionarios.

“Quiero comunicarle a los ciudadanos de este país, sobre cuánto se ha perdido y creo que falta más”, advirtió Tóchez.

El dinero pudo servir para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, para que en este país se generara trabajo, dijo el funcionario, quien además rechazó las acusaciones de seguir una agenda con el Fiscal General de la República, Luis Martínez.

Tóchez dice sentir temores por lo que ha descubierto, porque el pretexto para “olvidarse de esos pequeños olvidos” (de engavetar los expedientes) se ha puesto a la luz pública, gracias a que hubo una persona que cumplió su papel honesto de resguardar documentos importantes.

El funcionario reiteró que aún falta mucho que descubrir y que la ley actual le ha funcionado, pero lamentó que en algunos periódicos se publicara que se quiere volver a la Corte de Cuentas un ente contralor lo que significaría esconder más expedientes y hacer perder más millones de millones al Estado.

Casos prescritos

Todos los casos encontrados escondidos ya prescribieron, porque la ley establece que la prescripción se da cinco años después de cometidas las irregularidades. El engavetamiento de casos se dio en el momento en que se estaba en la etapa de comunicación, es decir que los implicados en los hechos ya sabían de estas irregularidades detectadas. Son casos registrados entre 2009-2003.

Entre los casos se encuentra uno de $5,290,000 que corresponde a Obras Públicas; otro es el del Ministerio de Hacienda, durante la administración de Juan José Daboub, cuyo reparo es de $819,800; el Ministerio de Justicia y Seguridad, con $56 mil, durante la administración de Francisco Bertrand Galindo.

Del Viceministerio de Vivienda, en donde se menciona a Carlos Roberto Barillas y otros, en cuyo período se perdieron $4,627,298.76, los cuales no fueron incorporados al presupuesto y registro contable. También se cuestiona una donación, sin soporte, de productos galvanizados, lo cual caería en una malversación de fondos.

Además se le dio un pago demás a una empresa supervisora en un proyecto por $513,945.33.

Otro caso emblemático es el del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, durante la administración de Ana Vilma de Escobar, donde los $11 millones perdidos por negligencia extrema al archivar los expedientes.

Órdenes de subsidios falsificados  por $22,266.37; material médico inutilizable $3,263,300. Entre otros, casos del referido instituto.

No se ha responsabilizado a nadie porque los expedientes nunca salieron de la Corte de Cuentas para notificarles, por tanto se deben considerar inocentes, pero son irregularidades que se dieron durante sus administraciones, aclaró Tóchez.

También dijo que sabe que muchos funcionarios no son responsables sino algunas otras personas que aprovecharían las circunstancias para manejar los fondos públicos de forma inadecuada.

Los jueces de Cámara actuaron amparados en una resolución que venía “de arriba” para cambiar las reglas del juego, según Rosalío Tóchez.

 

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